Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Si la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, incumple con entregar un informe y venir a aclarar lo que está sucediendo en el Cabildo, proceden diversas sanciones que van desde amonestaciones hasta un juicio político, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Alberto García González.

“Le estamos pidiendo que nos dé un informe, porque estuvimos viendo que el Cabildo sesionó, cinco nombramientos que se habían dado a diversos cargos públicos, ellos argumentaron y fundamentaron que no estaban conforme a lo que marca el Código Municipal y la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y se les destituyó”, expuso.

Añadió, “sin embargo unos días después la Contraloría del municipio determinó que si era viable el poderlos instalar, pero como hay muchas dudas, lo que hicimos en primera instancia es solicitarle un informe, le estamos dando tiempo suficiente para que pueda informar que se está cumpliendo con el marco constitucional, como con el marco local”.

Resaltó que la alcaldesa tiene diez días hábiles para informar al Congreso del Estado que se está cumpliendo y respetando la Ley e indicó que “en primer instancia ya se le pidió un informe, si cumple y satisface a esta soberanía la explicación de cómo se están designando a los diversos funcionarios públicos, pues hasta ahí termina”

González García mencionó que en caso de que la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, incumpla con dicho informe, “tendremos que seguir revisando y hacer el mismo procedimiento que con las actas de entrega-recepción, es decir que se vea que está en una ilegalidad”.

“Si hay algo ilegal en cómo se están dando las designaciones, en cómo se están haciendo las convocatorias en ese dictaminen de la Contraloría, entonces tendremos que ver si nos vamos a una amonestación pública y si hay reincidencia pues nos vamos a una sanción, a una destitución y en el último de los casos a un juicio político”, precisó.

Al ser cuestionado si esa problemática tiene que ver con algo político, subrayó que es cuestión de enfoques y “tiene algo político, porque tiene que ver con regidores y síndicos, que comprueban que esta ante esa soberanía y a través de sus diputados del municipio de Reynosa, quejándose de una situación que ellos ven como irregular, si tiene algo de político pero no es meramente político, también tiene que ver con el marco jurídico”.